La Comunidad de Sant’Egidio en Madrid expresa su rechazo y preocupación ante las medidas recientemente adoptadas por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid que afectan de manera directa a personas en situación de vulnerabilidad: la vinculación de la tarjeta de transporte público al empadronamiento y la decisión de dejar de avisar previamente a las personas sin hogar antes de la retirada de sus pertenencias en la vía pública.
Ambas medidas tienen un mismo efecto: dificultan el acceso a derechos básicos de las personas que ya viven en situaciones de fragilidad y exclusión. Son decisiones que agravan todavía más las dificultades de quienes necesitan más apoyo y acompañamiento, haciendo más difícil su integración.
En nuestros más de 30 años acompañando a personas vulnerables, conocemos las enormes dificultades que existen para obtener un derecho tan básico como el empadronamiento, que da acceso al ejercicio de una ciudadanía más plena. Las nuevas medidas añaden nuevos obstáculos a estas personas, privándolas de la posibilidad de acceder a la tarjeta de transporte público, que no es un lujo, sino una herramienta imprescindible. Limitar este acceso significa restringir oportunidades de integración y autonomía.
Igualmente preocupante resulta la decisión de dejar de informar previamente a las personas sin hogar cuando se activan protocolos de limpieza que implican la retirada de sus pertenencias. Esta medida puede provocar la pérdida de documentación personal, medicación, ropa de abrigo y otros bienes esenciales para la supervivencia cotidiana.
A la luz de estas medidas, queremos recordar algunos de los mensajes del Papa León XIV en su reciente visita a Madrid, en la que fue recibido y aplaudido por las autoridades de nuestra ciudad que hoy están implementando estas medidas. El Pontífice afirmó que «la grandeza moral se manifiesta, sobre todo, en su capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad». Estas palabras constituyen una llamada a construir políticas públicas que pongan en el centro la dignidad de toda persona, especialmente de quienes viven situaciones más difíciles.
El Papa recordó asimismo que «todo ser humano debe ser reconocido como sujeto de derechos y deberes» y que «la dignidad, la justicia y el bien común deben ser la medida de las relaciones sociales». El acceso al transporte y la protección de las pertenencias básicas forman parte de esa dignidad que ninguna circunstancia administrativa o social debería poner en cuestión.
Desde la Comunidad de Sant’Egidio pedimos tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento de Madrid que reconsideren estas medidas y promuevan políticas que faciliten la integración, protejan los derechos fundamentales y acompañen a las personas más vulnerables en lugar de añadir nuevas dificultades a situaciones ya de por sí complejas. Las instituciones públicas están llamadas a favorecer la inclusión y la cohesión social, no a incrementar el número de personas descartadas o alejadas de los recursos que necesitan para salir adelante.
A modo de ejemplo proponemos la iniciativa llevada a cabo por la Comunidad de Sant’Egidio en Cataluña junto a otras asociaciones y actores de la sociedad civil, consistente en una proposición de ley para hacer frente y erradicar el sinhogarismo, que se debate actualmente en el Parlament y que, entre otras cosas, contempla la obligatoriedad de los ayuntamientos de hacer efectivo el empadronamiento así como el concepto de un “espacio residencial digno” para estas personas. Una ley para los últimos, pionera en el contexto legislativo europeo, que quiere reforzar los cimientos del estado del bienestar.
Creemos que el bien común se construye prestando una atención especial a quienes sufren, a quienes viven al margen y a quienes encuentran mayores obstáculos para ejercer sus derechos. Una ciudad más humana es aquella que sabe reconocer la dignidad de cada persona, protegerla y ofrecer oportunidades para que nadie quede atrás.